
Noticias Argentinas difundió que el Gobierno nacional prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2027 la emergencia del Sector Energético Nacional, al considerar que persisten condiciones técnicas y económicas que afectan el funcionamiento del sistema eléctrico y hacen necesario mantener herramientas regulatorias excepcionales.
La decisión fue oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 585/2026, publicado este lunes en el Boletín Oficial, y alcanza a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica.
Según el texto oficial, la extensión de la emergencia tiene como objetivo garantizar la continuidad y la sostenibilidad del servicio público en un contexto que el Ejecutivo calificó como de vulnerabilidad técnica y financiera.
Entre los fundamentos de la medida, el Gobierno señaló la persistencia de condiciones críticas en el sistema eléctrico. En ese sentido, indicó que los márgenes de reserva operativa continúan siendo reducidos y precisó que alcanzaron apenas el 4,4% durante los picos de demanda registrados en febrero de 2025.
El decreto también advirtió sobre el estado de la infraestructura eléctrica. Al respecto, sostuvo que "más del 60% de las fallas en el sector distribución se producen en alimentadores de más de 25 años de antigüedad".
Asimismo, remarcó que el sistema de transporte de energía enfrenta "limitaciones estructurales severas", debido a que opera con bajos márgenes de seguridad y a que las principales estaciones transformadoras registran niveles de carga superiores al 90%, situación que reduce la capacidad de respuesta frente a eventuales contingencias.
En ese marco, el Poder Ejecutivo destacó que las obras de ampliación del sistema de transporte eléctrico, entre ellas el proyecto AMBA I y nuevas líneas de alta tensión de 500 kV, demandan plazos de ejecución que exceden el corto plazo, por lo que consideró necesario mantener vigentes los instrumentos regulatorios transitorios.
El decreto también hace referencia a la situación financiera del sector energético. Si bien señala que la tasa de cobrabilidad de CAMMESA mejoró del 48% al 97% como consecuencia de la normalización de la cadena de pagos, sostiene que todavía persiste una diferencia significativa entre el costo de generación de la energía y el precio abonado por los usuarios.
En ese sentido, el Gobierno afirmó que "dicha recomposición requiere continuidad, seguimiento y consolidación, toda vez que una reversión en la disciplina de pagos podría afectar el flujo de fondos administrado por CAMMESA, comprometer pagos a generadores, transportistas y demás agentes del mercado, deteriorar la confianza de los inversores y recrear desequilibrios financieros que el régimen de emergencia procura superar".
El texto oficial también señala que, a mayo de 2026, el Precio Estacional (PEST) abonado por los usuarios residenciales con subsidios representaba aproximadamente el 24% del costo real de abastecimiento.
De acuerdo con el Ejecutivo, la continuidad de la emergencia permitirá avanzar de manera gradual hacia el régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), con el objetivo de evitar impactos bruscos sobre los sectores de menores ingresos.
Además, el Gobierno explicó que la prórroga hasta diciembre de 2027 busca unificar el plazo de la emergencia eléctrica con el de la emergencia en el transporte y la distribución de gas natural, debido a que la generación térmica continúa siendo uno de los principales componentes de la matriz energética y depende de la disponibilidad de gas natural.
Por último, el decreto advierte que una interrupción del régimen de emergencia podría generar "discontinuidades regulatorias, demoras en la adopción de medidas operativas, debilitamiento de los mecanismos de regularización financiera, pérdida de previsibilidad para los agentes, afectación de procesos de inversión y mayores riesgos sobre la continuidad del servicio público".